dilluns, 26 de juliol de 2010

Un fragment del capítol 8 que té molta actualitat

El Congreso de los Diputados debía aprobar en aquellos días el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña redactado por representantes de los partidos catalanes en la estación alpina de Núria.
La respuesta a las reivindicaciones de autonomía de Cataluña estaba en la agenda política de la República desde su nacimiento con la proclamación en Barcelona por Macià de la República catalana.
La actitud de la prensa de Madrid hacia las reivindicaciones catalanas fue de gran hostilidad. Heraldo de Madrid se distinguió por un punto de vista mucho más cercano a las tesis catalanas.

Sobre el estatuto catalán
No cabe duda de que las derechas monárquicas han tomado como bandera de sus aspiraciones políticas el problema de la autonomía de la región catalana, presentando como “antipatriotas” a cuantos defendemos la concesión de un régimen autonómico a Cataluña, lo más amplio posible en lo administrativo, que ponga fin a tan vieja discrepancia, agudizada en los últimos diez años de la Monarquía por la torpe política de intransigencia seguida por los Gobiernos, y muy especialmente por el dictatorial, que ofreció acceder a las demandas autonomistas en lo que tuvieran de justas al escuchar el Poder, negándose en redondo a lo ofrecido a los pocos mesos de asumirlo.
Los notabilísimos discursos pronunciados por los Sres. Ortega y Gasset y Sánchez Román en el Parlamento la semana pasada han enfocado con gran tino el tema catalán en distintos aspectos; pero no han agotado el examen del problema, ni mucho menos. Merecen tan notables disertaciones algunas apostillas.
No ofrece duda, para cuantos no queramos convertir la discusión del Estatuto en maniobra política, que es justo acceder en cuanto sea compatible con la soberanía del Estado, y no dañe a la Hacienda pública, a las pretensiones autonomistas. Puede y debe concederse una amplísima descentralización administrativa, beneficiosa para todos los españoles, no sólo para los catalanes, ya que el centralismo a ultranza, que en mala copia de Francia imperó en España desde la restauración de 1875 hasta la caída de la Monarquía, cuenta con un índice de estragos formidable sin beneficio político alguno. Basta considerar que el auge vergonzoso y asolador del caciquismo, que convirtió en caricatura el sufragio universal, tuvo como raíz vivificadora la política centralista que desde Madrid sojuzgaba el país entero.
Hay que meditar mucho en cambio lo que se haga respecto a entregas de tributos, en lo que sería conveniente modificar el dictamen de la comisión parlamentaria, sustituyendo la cesión de impuestos o contribuciones –sean los que fueren- por un canon anual fijo que el presupuesto del Estado pagaría a Cataluña por los servisios descentralizados, y que, a nuestro juicio, no debe elevarse hasta el importe total de estos servicios, ya que la autonomía no es la independencia, por lo que al conservar la industria catalana el apoyo arancelario, logrando la región el pretigio jurídico y moral que el régimen autonómico le dará, obligado fuera que la Hacienda regional soportase con sus fuentes porpias de ingresos por lo menos la mitad del costo de los servicios públicos descentralizados. Sobre esto no han hablado concretamente el señor Sánchez Román ni el Sr. Ortega y Gasset, y vale la pena meditar en tal sentido con desapasionamiento por ambas partes. Tiene mayor importancia política que cualquier elucubración filosófica o jurídica, por brillante que sea, y mucho lo han sido las de dichos diputados.
Se equivocó el Sr. Sánchez Román al suponer que el estatuto que en definitiva prevalezca en las Cortes constituyentes pueder ser modificado por el Parlamento. De este modo, la autonomía que se acuerde viviría en precario, a merced de la veleidad de o las pasiones de los diputados. Tampoco es posible comprometerse para siempre en lo que se otorgue –de no pedir la propia Cataluña la variación-, porque la experiencia puede de mostrar el error o la inconveniencia de algunas concesiones. El justo término de ponderación se halla en garantizar la estabilidad del Estatuto si la propia región autónoma no demanda su reforma por el procedimiento al efecto establecido o si el Parlamento nacional no resuelve haber lugar a ella por mayoría absoluta de las dos terceras partes del total número de sus miembros, en cuyo caso el Congreso de los Diputados que suceda al que adoptare tal acuerdo podrá determinar lo que estime conveniente sobre la modificación.
Lo dicho, por lo que afecta al seños Sánchez Román. Cuanto al Sr. Ortega y Gasset, si acertó en el diagnóstico –ni lo afirmo ni lo niego-, ha errado en absoluto en el pronóstico y en el tratamiento. Por razones filosófico-históricas sostiene el ensayista aludido que el problema catalán es antiquísimo, casi aborigen de España, y que no tiene solución, por lo que hemos de resignarnos los demás españoles a “conllevarlo” siempre.
Falta, pues, la visión “política” del asunto. Mientras la Monarquía –como ahora los periódicos monárquicos- se opuso sistemáticamente al establecimiento de toda autonomía valorable, pudo tener razón el Sr Ortega. Si ahora la República, como al principio decimos, otorga a la región catalana el máximo de cuanto se pueda conceder, debe terminar en definitiva la pugna. Si así no fuera es cuando “políticamente”, y con ventajas para todos –catalanes y no catalanes-, habría llegado el momento de estatuir la total independencia de Cataluña antes que resignarnos a “conllevar” eternamente la discordia, como si fuera un quiste incurable.

J. SÁNCHEZ RIVERA (Heraldo de Madrid, 20 de mayo de 1932)

El día de la publicación de este artículo había intervenido en el pleno del Congreso de los Diputados un viejo conocido de Heraldo de Madrid, el entonces diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Amadeu Hurtado.
El jurista catalán respondió también a los argumentos de Sánchez Román y Ortega y Gasset, a los que atribuyó una mentalidad monárquica que no les hizo ninguna gracia. Hurtado lo justificaba porque concebían la autonomía como una concesión en lugar de un derecho del pueblo soberanamente expresado como reconocen las repúblicas.
Pero también expuso nuevamente su visión de Cataluña como un motor político de España en los 30 años anteriores, un motor que habría transformado la sociedad española hasta llevarla al régimen republicano. La idea fue acogida con gestos de desaprobación de algunos de sus colegas de ERC, mientras causaba la empatía de los socialistas y de Alejandro Lerroux, que intervino a continuación en un tono conciliador con que corregía sus anteriores desvaríos anticatalanes.
En una sesión posterior intervino el presidente del gobierno, Manuel Azaña, con un discurso hecho desde la personalidad castellana más auténtica y en que afirmó la necesidad de reconocer la personalidad catalana.
La discusión del articulado se produjo en los meses siguientes con gran aparatosidad por la actitud obstruccionista de la oposición conservadora, que usaba tácticas dilatorias. La intervención de Hurtado, con tácticas jurídicas singulares, desarmó parcialmente el boicot. Sin embargo, el gran cambio de actitud general llegó con el pronunciamiento del general Sanjurjo el 10 de agosto, que no tuvo más éxito que provocar la unión de los republicanos.
El Estatuto de cataluña se aprobó en septiembre junto a la ley de la Reforma Agraria, que los socialistas veían como contrapartida parlamentaria a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes.

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